La decisión fue tomada por un juez penal del circuito de conocimientos de Neiva. El tribunal ordenó a todas las autoridades encargadas a tomar las medidas necesarias para asegurar la preservación de esta importante fuente hídrica.
El fallo afirma que, “el río Magdalena, su cuenca, sus afluentes son una entidad sujeta de derechos a la protección, la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado”.